Funcionaria
municipal fue despedida por negarse a trabajar en la campaña de Bachelet
Javiera
Epple
Marco Enríquez-Ominami (PRO)
acompañó esta mañana hasta la Contraloría General de la República a Varinia
Aravena, funcionaria de la municipalidad de San Ramón, a presentar una denuncia
por despido injustificado. Aravena asegura haber sido desvinculada de su labor
por persecución política, por no acceder a trabajar en la campaña de Michelle Bachelet
(MAS, PPD y PS) y negarse a realizar un puerta a puerta por Carlos Montes,
quien se postula a senador.
Marco Enríquez-Ominami y la
presidente del partido Progresista, Patricia Morales, acompañaron a Varinia
Aravena a pedir que se investigue su despido injustificado. La afectada asegura
haber sufrido de constantes presiones,
tras negarse a cooperar con la campaña de Bachelet. Aravena se declara víctima
de hostigamiento y maltrato verbal por parte de la jefa del programa. “Gritos,
maltrato delante de los usuarios del programa, se nos solicita trabajar fuera
del horario laboral y convocar a la gente para distintas actividades donde se
hace abiertamente campaña política”, cuenta la funcionaria.
Aravena empezó a trabajar en la
municipalidad de San Ramón el 16 de mayo 2012 en el Programa Puente, iniciativa
de apoyo familiar. La carta de aviso de despido la recibió 16 de mayo del
presente y empezó a correr el 1 de junio. “La razón era que yo había usado mi
cargo para hacer campaña política y es todo lo contrario”, explica Varinia.
La mujer asegura que quien
realiza estas campañas es su jefa directa, Viviana Leal. “Llegó diciendo que
ella venía a hacer política y que nosotros
teníamos que subirnos al mismo carro. Había que estar al servicio de la campaña,
de lo contrario nosotros sabíamos las consecuencias”, confiesa Aravena.
Para la presidenta del PRO,
Patricia Morales, lo que está ocurriendo con Varinia es un caso de ilegalidad. “Se
debe cuidar la ley electoral. Nos parece muy grave que hayan funcionarios públicos
que estén participando en una campaña presidencial en horarios de oficina”,
asegura Morales.
Marco Enríquez-Ominami aseguró,
que frente a éste tema, la derecha y la Concertación tenían las mismas
prácticas. “De confirmarse esto volvería a instalarse una verdad: para algunos
el Estado es un botín, una caja de sueldos para hacer campaña”, concluyó el precandidato
presidencial.
Nicolás Rivera, abogado de Aravena,
cataloga el hecho como grave. “Estamos solicitando que se deje sin efecto la resolución
que produjo su despido, ya que ésta se hiso en un contexto arbitrario e ilegal,
sin que haya mediado una investigación sumaria previa”, explica el abogado.
Viviana Leal, coordinadora del
Programa Puente de la municipalidad de San Ramón y jefa de la funcionaria afectada,
no quiso referirse al tema y aseguró que la decisión era del Departamento de
Personal. La jefa de Recursos Humanos, Sandra Rojas, explicó que había sido Leal
quién habría acusado a Varinia de faltar a la quinta cláusula del contrato, cláusula
que en la Dirección Jurídica no pudieron precisar, debido a la falta de
abogados presentes.
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